Hegemonia Conservadora 1910-1930

Mision Kemmer

En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Kemmerer, que más tarde se llamó la Misión Kemmerer. La primera actividad de esta misión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales.

Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en otras economías ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer.

Creación del Banco de la República
Mediante la Ley 25 de julio de 1923 se crea el Banco de la República, como banco central colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de $10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. La Junta Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del Gobierno, fue encargada por la misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés.

La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de crecimiento y actualización.

La Danza de los Millones

En la década de 1920, la economía colombiana se vio impulsada por el crecimiento de la economía cafetera y por los abundantes capitales norteamericanos que fluían desde la bolsa de valores de Nueva York. Adicionalmente, un gran estímulo provino de la indemnización de 25 millones de dólares que el gobierno estadounidense dio a Colombia por la separación de Panamá. A este desembolso se le denominó la danza de los millones. Con este auge en los ingresos, el país entró en una era de prosperidad económica, en la cual se estimuló el crecimiento industrial y las obras públicas.

Las industrias nacionales y extranjeras recibieron apoyo del Estado, no sólo en aspectos legislativos y fiscales, si no también en lo concerniente al tratamiento represivo dado a la organización sindical obrera.

La Bonanza Cafetera

En 1932  se empieza una explotación del cafe en varias zonas del pais lo que generó un asentamiento de personas que buscaban trabajo en esta zona.

Las teóricas y las nuevas herramientas fueron un aspecto determinante. llega la despulpadura manual, gracias a esta y otras herramientas hicieron posible mantener las cadenas de producción del cafe dentro de las haciendas a fincas; Solo era sacado para ser trillado.

El café permitió fortalecer el mercado interno y el desarrollo de vias de comunicación para suplir necesiades exportadoras. Mientras que las principales industrias se encargaron de abastecer el mercado interno como textiles, alimentos, tabaco, gaseosas, jabones, calzado, aguardiente, fosforos y loza.

Sindicalismo

En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.

En Francia, país donde apareció este término, el sindicalismo es sinónimo de la acción de sindicarse o de afiliarse a un sindicato, mientras que la asociación de trabajadores revolucionarios se denomina sindicalismo revolucionario.

La Masacre de las Bananeras

Versiones afirman que la huelga que comenzó de forma pacífica, y que poco a poco fue influenciada por agitadores comunistas y terminó convirtiéndose en una turba que buscaba degollar a los dirigentes de la compañía. Los altos funcionarios de la bananera movieron sus influencias en el gobierno logrando que se trasladara un contingente de soldados que protegería a los directivos y las propiedades de la empresa estadounidense.

La amenaza contra la vida de los directivos, según fuentes, iba a ser materializada el 5 de diciembre. Éstos rumores llevaron al ejército a tomar una decisión precipitada y se dio la orden de dispersar la multitud valiéndose de todos los medios.

El número de muertos nunca se determinó y sigue siendo motivo de debate. Según la versión oficial del gobierno colombiano del momento sólo fueron nueve. Otra versión es aquella contenida en los telegramas enviados el 7 de diciembre, un día después de la masacre, por el consulado de Estados Unidos en Santa Marta a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde inicialmente se informaba que fueron cerca de 50 los muertos. Más tarde en su comunicado del 29 de diciembre indicó que fueron entre 500 y 600, además de la muerte de uno de los militares. Por último en su comunicado del 16 de enero de 1929 indicó que el número excedía los 1.000. Según el consulado, la fuente de dichas cifras fue el representante de la United Fruit Company en Bogotá.

El General Cortés Vargas, comandante de las fuerzas del Magdalena y quien dió la orden de disparar, argumentó posteriormente que lo había hecho, entre otros motivos, porque tenía información de que barcos estadounidenses estaban cerca a las costas colombianas listos a desembarcar tropas para defender al personal estadounidense y los intereses de la United Fruit Company, y que de no haber dado la orden Estados Unidos habría invadido tierras colombianas. Esta posición fue fuertemente criticada en el Senado, en especial por Jorge Eliécer Gaitán quién aseguraba que esas mismas balas debían haber sido utilizadas para detener al invasor extranjero.

Ante esta respuesta violenta, se produce la desbandada de los trabajadores y una rápida negociación, y como resultado de la misma aceptan recortar por mitad los salarios. La difusión de la masacre fue amplia en los medios de comunicación de la época, y provocó innumerables debates éticos y políticos. El más llamativo fue el organizado por el partido Liberal que envió a Jorge Eliécer Gaitán al lugar de los hechos para realizar una investigación detallada de lo sucedido. De regreso presentó su informe al Congreso, donde se generó un intenso debate en relación a la decisión de disparar a una manifestación desarmada donde se encontraban mujeres y niños. Otro de los temas discutidos fue la influencia de las multinacionales en las altas esferas del gobierno, en especial de la United Fruit Company a quién se le logró demostrar relaciones directas con el general Cortés Vargas.

United Fruit Company

La United Fruits Company o UFC empezó a operar en América Central desde 1899, cuando el empresario estadounidense Minor C. Keith fusionó su negocio de siembra de plátano y transporte ferroviario (que había empezado en Costa Rica en 1871 y luego abarcaba toda Centroamérica) con la Boston Fruit Company de Andrew W. Preston. La empresa resultante, la United Fruit Company, compró grandes extensiones de tierras para dedicarlas al cultivo del plátano, destinado casi en su totalidad a la exportación al mercado de Estados Unidos, aunque posteriormente fue diversificando sus cultivos de frutas. Inclusive la UFC había establecido la primera gran red ferroviaria de Guatemala y El Salvador, aunque destinada casi exclusivamente al transporte de frutas en sus inicios; posteriormente esta red ferroviaria fue transformada en un monopolio con autorización del gobierno guatemalteco.

Un mecanismo ampliamente utilizado por la UFC era comprar a precio bajo grandes cantidades de tierras en América Central, para evitar que surgieran competidores y mantener un monopolio sobre la producción de plátanos, inclusive manteniendo extensas zonas agrícolas sin cultivar bajo pretexto que sequías o huracanes le obligaban a mantener “en reserva” grandes extensiones de terreno sin usar. Tal política implicaba una oposición frontal de la United Fruits Company a todo tipo de reparto de tierras en Centroamérica, inclusive si éstas afectaban a sus fincas sin cultivar (las que no eran trabajadas para evitar una sobreproducción que hicera caer los precios del plátano).

De igual forma otra preocupación constante de la empresa era mantener unos reducidos costos tributarios, siendo acusada de sobornar masivamente líderes políticos de América Central para liberarse de toda presión tributaria; la reducción de costos afectaba también los salarios de los peones agrícolas que eran mantenidos artificialmente bajos con ayuda de las autoridades nacionales de cada país, criticadas frecuentemente por evitar emitir leyes que impactasen negativamente en la “estructura de costos” de la United Fruits Company.

El monopolio de exportación de plátano y las necesidades de la UFC de asegurarse un “ambiente favorable de negocios” motivaron que esta empresa necesariamente se envolviera en la política doméstica de los países de América Central, apoyada por su condición de mayor empleador de la región con el impacto que esto generaba en la sociedad. Asimismo, aunque los tributos que la UFC pagaba eran muy bajos, constituían la mayor parte de los ingresos por exportación que percibían los gobiernos de América Central, que se mantenían así preocupados en mantener una relación amistosa con United Fruits Company.

Diversas actuaciones ilegales han salpicado su historia, como en Colombia, en 1928, que ante las protestas de los trabajadores agrícolas demandando mejoras laborales, la compañía logró que las autoridades locales reprimiesen la manifestación a tiros, asesinando vil e impunemente a muchisímos manifestantes. Es lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras, denunciada en el Congreso colombiano por Jorge Eliécer Gaitán.

Luego de 1948, el embajador estadounidense Spruille Braden, conocido en Argentina por su intervención durante las elecciones de 1946 (donde requirió públicamente a los votantes argentinos a no votar por Juan Domingo Perón), percibió un sueldo como lobbista de la compañía en América Central.

En 1954 en Guatemala, cuando el presidente Jacobo Arbenz Guzmán intentó aplicar una ley a favor de la expropiación de las grandes propiedades (afectando a las tierras sin cultivar para repartirlas en pequeñas propiedades), a las que indemnizaría con bonos a largo plazo, fue depuesto por Carlos Castillo Armas, gracias a la colaboración del gobierno de Washington. Para sustentar la acusación el director de la CIA estadounidense acusó al régimen de Arbenz como “tentáculo del comunismo” y justificó así que EEUU patrocinase su derrocamiento en concordancia con la Doctrina Truman. Se dio un conflicto de intereses evidente ya que el propio Allen Dulles, siendo director de la CIA, era además socio de la firma de abogados que patrocinaba a United Fruit Company en Estados Unidos, percibiendo que su verdadera motivación era simplemente proteger los beneficios de su cliente aun causando una crisis política para ello. Muchos de los empleados gubernamentales vinculados al Departamento de Estado de EEUU, y con influencia en la política exterior estadounidense, tenían intereses también privados en la UFC al ser simultáneamente sus abogados, lobbystas, o representantes.

En Cuba la UFC era una de las compañías que controlaban la producción de azúcar y fueron expulsados en 1959, tras la revolución cubana que un año más tarde, el 1 de enero de 1960, nacionalizaría todas sus posesiones sin derecho a compensación.

En 1969 fue comprada por Zapata Corporation, empresa relacionada con George H. W. Bush. La empresa cambió su razón social como Chiquita Brands y hasta el día de hoy opera bajo este nombre.

En 2007 Chiquita Brands enfrentó un juicio en Estados Unidos por haber financiado grupos de “autodefensa paramilitar” en Colombia que fueron responsables de la masacre de sindicalistas y campesinos; la compañía tuvo que pagar una multa a las autoridades de su país pero ahora las autoridades colombianas buscan cooperación de Estados Unidos para que extraditen a los funcionarios responsables de estos delitos y sean juzgados en el país.

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